En defensa de la información múltiple
Tras la solicitada sobre la Defensa de la Paz Social publicada por el Gobierno Municipal en El Diario de San Pedro el pasado lunes 11 de febrero, algunas reflexiones en torno a peligrosas declaraciones expresadas allí que atentan contra lo que recomiendan leer: la Constitución Nacional. Además, algunos conceptos en torno a la Doctrina de la Seguridad Ciudadana o Autoritarismo Fashion, según Zaffaroni, que se cuelan en el discurso y la acción del Ejecutivo local, un gobierno que hizo público su descontento con el disenso y la libre opinión en una solicitada que refleja el repliegue sobre sí mismo que exacerbó desde su victoria contundente en las elecciones pasadas.
La Municipalidad de San Pedro ha tenido la amabilidad y el buen tino de comunicar a través de una solicitada en El Diario de San Pedro su “responsabilidad en defensa de la paz social”, aclarando su rol y, por supuesto, es un documento oficial, publicitando lo actuado respecto al tema. Además de lo elogiable de recordarle a la población que el uso legítimo de la fuerza es una atribución del Estado, y sólo de él, diciéndoles sencillamente a algunos osados que se olviden de organizar patrullas parapoliciales y otros ejemplos de ilegalidad, de infracción a la legislación vigente, en fin, de delitos, el texto reúne algunas otras características que habrá que desmenuzar.
La solicitada refleja el repliegue sobre sí mismo que el gobierno municipal exacerbó desde su victoria contundente en las elecciones pasadas. Desde 2001 a la fecha, las formas de gestión pública han cambiado el eje partidario estructural para constituirse en frentistas y movimientistas, procesos en el que los ganadores a elecciones convocan a sus críticos para ver si se bancan salir del lugar del que grita de afuera. Ya se sabe: el de la tribuna siempre tiene razón. Algunos han optado por desoír las críticas de la posición, argumentando que se hará lo que ellos quieran porque los números de las elecciones así lo determinan. Narciso se miraba a sí mismo, rechazaba todas las insinuaciones y no le fue muy bien.
El gobierno enuncia que “ha sabido mantener vigente y funcionando, con respuestas proporcionadas las instituciones propias de la vida democrática”. Habrá que recordar que la división de poderes es la base de la democracia moderna, desde las revoluciones Francesa y Norteamericana en adelante, y no se concibe un Estado de Derecho si los diferentes poderes –legislativo, ejecutivo y judicial– no son autónomos e independientes. El poder judicial es el último bastión de la democracia, es allí donde la defensa de los derechos se hace realidad. La necesaria independencia de este poder es de tal magnitud que no podemos pasarlo por alto. Por eso llama poderosamente la atención que la solicitada diga sin reparos que se instó al fiscal a trabajar en una u otra dirección. Y es sabido que no sirve de mucho que la justicia investigue sólo a los ladrones de gallinas. Baste recordar la poética del Cuchi Leguizamón en la Chacarera del expediente para comprenderlo. Es necesario que ningún delito quede impune, pero también hallar alternativas que procuren dejar de estigmatizar siempre a los mismos.El Patronato del Liberado, por otra parte, es una institución que se supone está para aportar a la reinserción social de quienes han transitado por instituciones penales, pero en San Pedro la falta de personal, de movilidad, y las carencias habituales de las instituciones públicas tornan difícil la virtuosa tarea que esa institución tiene a su cargo.
Tenemos un barrio con una situación muy grave, que es emergente del problema mucho más profundo de situación habitacional que sufren desde la pareja de recién casados que busca o quiere casa propia pero ni siquiera puede adquirir un terreno, pues los precios no bajan en ningún caso de los veinte mil dólares, hasta las familias numerosas que viven hacinados en el peor de los barrios periféricos, abandonados a su suerte. ¿Es necesario que se tomen 120 casas para darnos cuenta que existe el problema? ¿Es mucho pedir públicamente una planificación urbana responsable? ¿O debemos contentarnos con exposiciones discursivas plasmadas en una solicitada con aberraciones tales como “la población que está constantemente atravesada por el paradigma de la información múltiple?
Es necesario al respecto insistir con escribir acerca de la opinión pública, los medios de comunicación y la libertad de expresión y opinión. Es evidente la buena relación que el gobierno actual tiene con algunos multimedios y con algunos conductores y periodistas, debe uno suponer que esta relación revela no más que afinidad ideológica, de pensamiento, afinidad política. Lo que no estaría mal, si no fuera porque parece que al gobierno le molesta el disenso que a través de esos mismos medios partidos políticos, organizaciones sociales e instituciones públicas han expresado.
Dentro de la solicitada, el Ejecutivo local expresa: “Sostenemos que la derrota del pensamiento se pone en evidencia cuando la improvisación y farandulización capturan la vida cotidiana y se convierten en el eje alrededor del cual se determinan posiciones y se juegan estrategias respecto de cómo gobernar”, e inmediatamente se cita a la Constitución Nacional, el cuerpo legal donde se afirma que los ciudadanos de este país tenemos libertad de expresión y opinión, uno de los Derechos Humanos por excelencia. Imaginar un gobierno democrático sin libertad de expresión es imposible. Si pensamos diferente ¿qué nos propone el gobierno? ¿Estará mal pensar distinto a ellos? ¿Y expresarlo, peor?
El derecho fundamental a la libertad de opinión se ve coartado en las sociedades contemporáneas –paradójicamente, sociedades de la información, y, sí, de la información múltiple, por suerte–, donde el acceso al rol de emisor es disimétrico, y donde –se sabe, ha sido así históricamente– los medios de comunicación, tal vez el Ágora de esta Modernidad Líquida o tardía o post, como se prefiera, son corporaciones cuyos intereses son primero empresariales y luego sociales. Aún así, son el espacio de la discusión pública. Acusar de farandulización a la toma de posiciones y la expresión pública de ellas a través de los medios por parte de actores sociales y políticos –colectivos o individuales– es intentar acallar el necesario disenso que define el universo de lo político, en donde el hombre qua hombre lo es al producir acciones y discursos que definan su visión respecto de los temas que son comunes a todos. No contemplarlo implica erigirse en único portador de La Verdad.
La multiplicidad de información es un derecho adquirido a fuerza de discutir las lógicas del pensamiento único y unidimensional, habiendo obtenido la pluralidad como eje de las discusiones públicas, afirmando lo que la Constitución Nacional prescribe, empoderando a todo aquel que tenga acceso a ciertas herramientas comunicacionales que permitan hacer uso del derecho a la libertad de expresión y opinión, en un marco donde –va de suyo– la neutralidad ética es un invento para ejercer la dominación simbólica.
Séneca relata que en la Roma Imperial se propuso ante el senado que los esclavos vistieran de la misma forma en público, de manera tal que pudieran ser diferenciados. La propuesta fue rechazada al considerar peligrosa la posibilidad de que los esclavos se reconocieran entre sí y comprendieran su potencial poder. Tal vez al gobierno municipal también le asuste la aparición en público de opiniones disidentes, no vaya a ser que alguien las comparta y decida también aparecer públicamente a través de la acción y el discurso, comenzando a ser, a decir “aquí estamos; para nosotros, ese 47% restante que no los votó, también gobiernan”. Y gobernar, hay que decirlo, no es ejercer el derecho a mandar desde la propia voluntad, sino la obligación de encauzar voluntades en pro del bien común, del bien de todos, “de las mayorías”, como dicen los manuales de la democracia liberal representativa, que no es hoy la única democracia posible.
El municipio también enuncia en su solicitada todas las acciones desarrolladas en torno a la defensa de la paz social que dice encarnar: cuestiones edilicias, colaboración con la policía, y un largo etc., destacando que lo “recibió al fiscal Rubén Darío Giannorio y lo informó debidamente de la situación social verdadera amen de instarlo (la cursiva es nuestra) a compatibilizar con las acciones de la policía local. Habrá que recordar que el fiscal investiga aquí apremios ilegales cometidos por la policía. Mientras el gobierno opta por la mano dura y pone mayor presencia policial no en las calles sino en los barrios que considera no más inseguros sino más delincuentes, con presencia de infantería incluida, etc., y cierra el documento oficial que hizo público en El Diario de San Pedro diciendo: “Sabemos que las soluciones definitivas a los problemas sociales no existen”. Claro, cómo van a existir si se los plantea en esos términos. Si tu única herramienta es un martillo, pues todo lo que te rodea será visto como un clavo. Si lo único que se avizora como solución es salir con la policía a la calle, o a ciertas calles, para solucionar la gravísima situación social que azota San Pedro desde hace varios años, hay entre el problema y la solución una incongruencia insalvable en estos términos.
La Doctrina de la seguridad ciudadana, a la que parece adherirse este gobierno, tiene en su basamento el suplir el Estado de Derecho por un Estado de Policía, construyendo un enemigo interno, a saber: el delincuente. Y como ya se sabe, bien claro es Carl Schmitt, el padre teórico del Estado de Excepción: al enemigo se lo elimina, se lo aniquila. Ya Raúl Eugenio Zaffaroni, uno de los criminólogos más importantes del mundo y Ministro de la Corte Suprema de la Nación, ha sido contundente alguna vez: en un Estado de Derecho no puede haber enemigos. Así como para Chantal Mouffe debe considerarse al Otro disidente en términos políticos como adversario, para Zaffaroni dentro del Estado de Derecho todos somos iguales ante la ley, leyó bien, todos, por lo tanto no hay enemigos públicos sino infractores a la ley en quien comete delitos. Infractores, nunca enemigos.
Parece que el autoritarismo fashion, importado como tantas otras cosas desde Estados Unidos, al que tanto critica Zaffaroni por atentar contra el Estado de Derecho, tiene en el gobierno algunos admiradores. No hay que olvidar que desde Pisístrato –un tirano al que se lo recuerda por ser buen gobernante– todos los tiranos insistieron en que sólo el gobernante debe atender los asuntos públicos, desterrando al ciudadano de la esfera pública.
