La casa por la ventana
LA CRÓNICA DEL PERIODISMO SOCIAL
Desde la semana pasada, las 309 viviendas del Plan Federal, todavía en construcción, vienen siendo ocupadas, algunas tomadas por iniciativa de familias sin techo, otras por los propios beneficiarios autorizados por el gobierno municipal. Una situación que se le fue de las manos al municipio y revela los graves problemas habitacionales de los sampedrinos, así como las complejas tramas políticas que se tejen a escondidas de las mayorías.
Así era la cosa
El jueves a la mañana, este equipo periodístico estaba reunido trabajando sobre la producción del programa de radio Patas Arriba, Periodismo Social en la ciudad que sábado a sábado pone al aire de 10 a 12 de la mañana en 89.1 FM Ciudad. Como buenos radialistas apasionados, teníamos la oreja atenta a dos o tres radios nacionales y a las tres noticiosas de San Pedro, cuando una voz conocida le explicaba a la colega Betty Rodríguez por qué había dejado el asentamiento donde vivía para tomar una de las casas del barrio San Francisco de Asís, las 309 viviendas del Plan Federal que se construye en inmediaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC).
La voz conocida era de Griselda, cuya historia habíamos narrado en el programa de televisión Sub_SP Relatos de una Ciudad Oculta hace unos meses, junto al de otras familias que vivían la difícil y triste situación de tener que usurpar un terreno y plantar cuatro chapas para poder tener a sus hijos bajo un techo.
Tras Griselda, la voz de otra joven relataba cómo vivía en un rancho de chapas en medio de la barranca, con el peligro diario de derrumbe y la espera interminable de años de promesas municipales que le facilitarían el acceso a una vivienda digna. Ambas historias puedieron escucharse en Patas Arriba.
Tras almorzar, los biciperiodistas sociales, grabador en mano, salieron rumbo al barrio. Al llegar nos fuimos anoticiando de la situación: unas siete familias habían decidido tomar unas casas del barrio en construcción como forma de protesta frente a su situación y en busca de una respuesta a su necesidad imperiosa de un techo. Por otro lado, el gobierno municipal estaba entregando viviendas a los adjudicatarios, quienes en la desesperación por el temor a que les usurpen su casa recibieron sin preguntas las llaves, puertas, ventanas y sanitarios de la casa que, cuando se terminaran de construir, les entregarían como beneficiarios del Plan Federal que eran.
La situación era cada vez más confusa, hasta que vimos llegar a uno de los responsables de tanto caos: el arquitecto Flavio Peyró, Director de Vivienda del gobierno de Barbieri. Cuando llegamos hasta él para entrevistarlo estaba a punto de conversar por primera vez con las protagonistas de la ocupación. La entrevista con nosotros y la conversación con la gente estuvieron también en Patas Arriba.
A nosotros nos dijo: “Yo no sé nada sobre lo social, a mí me dan ladrillos y construyo casas”; a las ocupantes: “Yo no soy el que tiene la respuesta a su problema”. Sobre el desalojo les dijo: “Nosotros -la Municipalidad- no tiene por qué intervenir, el problema es de la empresa, ellos tienen que entregarnos las casas terminadas y sin gente adentro”; a nosotros sobre el desalojo violento: “No sé si el Estado Municipal puede garantizar la integridad física de las personas, es un tema legal que desconozco”.
Para Peyró el derecho a una vivienda digna, que hace responsable al Estado de facilitar y posibilitar un acceso igualitario a la vivienda, es un problema de los niveles provincial y nacional, pero los planes sociales de vivienda que pagaron esos gobiernos son un logro de la gestión de su jefe. De la misma manera, como él sólo construye, y dice no saber nada sobre lo social, se mostró sorprendido por la ausencia de la Secretaria de Desarrollo Humano Marta Perret en el lugar.
El problema habitacional
La falta de vivienda es un problema que atraviesa a toda la sociedad sampedrina. La gran mayoría de los habitantes de esta ciudad no tiene casa propia, y ya casi ni sueño de tenerla alguna vez. Los que pueden pagar un alquiler altísimo, producto de un boom inmobiliario desatado por políticas de desarrollo turístico que se olvidaron de poner el ojo en la vida cotidiana de sus vecinos, se ven imposibilitados de gestionar créditos que le permitan ir construyendo o pagando una vivienda en lugar de alquilar, pues no hay sueldo que pueda con ambas cosas ni políticas municipales que así lo permitan. Los que apenas subsisten con el trabajo temporario no pueden ni pensar en alquilar. Esos son los que desarmaron el rancho y se metieron en las 309 viviendas. O esos eran al principio. Según relatan en el barrio, las tomas que siguieron a las del miércoles -hay quienes hablan de sesenta casas tomadas y no falta quienes dicen que ya son ciento veinte- tienen color a duda.
La hipótesis “los mandaron”
Peyró y Almada dieron la versión municipal de los hechos: “Los mandaron de la oposición para perjudicar a Barbieri”. Este equipo periodístico teje otras posibilidades, alguna de ellas involucra a gente del propio entorno del Intendente.
Hay algunos ocupantes que aseguran saber que hay treinta y dos casas sin adjudicar. Con el grabador prendido, Peyró dijo que era así, pues esas treinta y dos serían para familias con hijos discapacitados, cuyo proceso de selección aún estaba estudiándose. Habría que ver de dónde sacan ese dato los ocupantes.
El otro dato más sorprendente que manejan los ocupantes es que aseguran saber cuáles son esas treinta y dos sin adjudicación, un dato que no podría figurar en los documentos públicos, pues éstos sólo dicen quiénes son los beneficiarios, no qué casa le corresponde a cada uno. Flota la pregunta sobre quién les dio semejante dato, y por qué.
La Asamblea
Este equipo, como medio social de comunicación que conforma, se dedica al periodismo social, es decir a un tipo de periodismo que no se conforma con mostrar lo que pasa, sino que está convencido de que las cosas no son así, sino que están así y que se pueden cambiar. Por eso, se hace eco de las palabras de uno de los periodistas más grandes de este país, Horacio Verbitsky, quien decía muy acertadamente: “Desde los pobladores de un asentamiento precario que luchan por un techo propio o los trabajadores de un hospital cerrado en función de políticas de ajuste, hasta los travestis que no quieren seguir soportando la extorsión policial, los vecinos de un barrio que reclaman por la falta de semáforos en una avenida o por la descarga a cielo abierto de contaminantes ambientales, saben que la presencia de una libreta de apuntes, un grabador o una cámara es imprescindible para apuntalar sus demandas”. Porque donde hay una necesidad hay un derecho violado, este equipo trató desde el primer momento de acompañar los avatares de la situación. Desde ayudarlos a comprender que cuando haya orden de desalojo habrá que irse, darles nuestros números de teléfono para que haya algún medio cuando los desalojen para evitar violencia o sólo escucharlos y darles voz, hasta mediar entre alguna pelea entre vecinos o irnos del lugar cuando tenían que tomar decisiones, o acercar alimentos a una familias que hacía días que no comía –como hemos acercado alimentos, ropa de abrigo y libros a otros protagonistas de la terrible situación social que nuestra labor periodística va narrando-, hemos tratado de estar allí no sólo para recabar información.
Por eso fuimos invitados a la asamblea del sábado por la tarde, donde se reunieron para conocer la situación de aquellos que aún no se conocían y poner por escrito su reclamo y su posición. Por eso también lo publicamos aquí y enviamos la noticia a todos los medios, para que puedan difundirla.
Cómo sigue
Peyró dice no saber cómo sigue. Bueno, eso nos dice a nosotros. En el barrio pasan otras cosas: un vecino beneficiario de una vivienda se acercó a una de las tomadas a informar que un funcionario le había ofrecido cambiarle los documentos de su casa por los de una tomada para que vaya a sacarlos, se negó; otra vecina fue a golpear la puerta de una de las tomadas aduciendo propiedad, casi golpeando a la ocupante, diciendo que un funcionario le había dicho que ésa era la única solución posible.
Pobres contra pobres, el enfrentamiento parece comenzar. Mientras los ocupantes -o buena parte de ellos, al menos- se ven obligados a tomar una vivienda que no está en condiciones de ser habitada, para ver si alguien los escucha alguna vez, los beneficiarios son empujados a hacerse cargo por sí mismos de un problema que debería resolver el gobierno municipal, quien se quita la responsabilidad enviando a los beneficiarios a atrincherarse en las construcciones incompletas.
Tal vez hasta pasadas las elecciones la cosa no se complique más. Desalojar violentamente tendrá sus costos eleccionarios. No calmar a los beneficiarios asustados y desorientados también. Pero, gane quien gane, el saco del día después va a dar mucho calor. Las casas tienen beneficiarios a quienes habrá que entregárselas en condiciones de ser habitadas. Las ocupadas serán seguramente desalojadas, esperemos que sin violencia, dejando en la calle a muchas familias que no tienen dónde ir. El problema seguirá existiendo y será cada vez más grave en la medida en que el gobierno municipal de turno no se decida a apagar el infierno que las políticas implementadas en los últimos treinta años crearon.
Durante las muchas conversaciones off the record que este equipo periodístico tuvo con múltiples actores del universo político local, provincial y nacional sobre el tema, la frase “voluntad política” se repetía en todas las bocas. También se repite en todas las campañas. Ojalá sea ejercicio en el gobierno de quien gane el 28.
